Tras los hechos publicados en vídeo que denuncia un acto de tortura en el Estado de Guerrero en donde una mujer es torturada por elementos federales, Se analiza en el Senado de la República un proyecto de ley que podría prevenir y castigar la tortura y dejar sin efecto las pruebas que fueran obtenidas por las autoridades bajo este tipo de presión sin ningún tipo de efecto.
Según el anteproyecto que se analiza se esta tomando en consideración la posibilidad de llevar a cabo esta ley con la cual todas las investigaciones realizadas por cuerpos policiacos que fueran obtenidas bajo este tipo de presión no serían tomadas en cuenta, por carecer de cualquier valor probatorio.
Las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación, así como de Estudios Legislativos, buscarán excluir toda declaración obtenida mediante el ejercicio de practicas como la tortura, y se valore si este tipo de pruebas pueden ser admitidas para empezar un juicio y se decrete de manera inmediata la libertad de la persona procesada si es expuesta este tipo de presión.
Igualmente en el caso de que existan pruebas de tortura a personas sentenciadas, podrían ordenar su pronta liberación.
La ley que fue enviada por el Presidente de la República Enrique Peña, en diciembre pasado, buscaba erradicar esta practica que se sabe es más común de lo que debería tanto a nivel federal como estatal, para prevenir el delito.
Dentro de las propuestas que se han puesto sobre la mesa para elaborar esta ley, se considera que se investigará el delito de tortura y se perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad.
En caso de que se compruebe que se ha ejecutado algún tipo de tortura durante las investigaciones se castigará al funcionario público que sea denunciado o este vinculado al delito, y se le impondrá prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación. Puede ser suspendido de su cargo temporalmente.
Si se llega a comprobar que ha cometido un acto de tortura, se le impondrán de entre 2 a 9 años de prisión y 70 hasta 400 días multa y de 2 a 9 años para desempeñar otro empleo o cargo público.
