El mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, fue ejecutado la noche del miércoles 8 de noviembre en el estado de Texas, en los Estados Unidos, acusado de violacion y asesinato de su prima de 16 años en 1997.
La Corte Suprema de los Estados Unidos negó frenar la ejecución, por lo que fue ejecutado con una inyección letal a pesar de las intervenciones de los funcionarios mexicanos a su favor y de las apelaciones de Expertos en los Estados Unidos.
El hombre de 47 años de edad perdió la vida a las 22:30 horas después de retrasar la ejecución que estaba programada a las 6:00 de la tarde hoy local.
La defensa del mexicano esta basada en una confesión de culpabilidad que se llevó a cabo previo a dar aviso a el Consulado Mexicano en los Estados Unidos, ya que no contó con asesoría legal para dar paso a la confesión, y porque había argumentos encontrados que ponían en duda la culpabilidad del sentenciado.
El gobierno mexicano ha reaccionado enérgicamente entorno al caso del mexicano que fue sentenciado a pena de muerte y ejecutado por las autoridades del estado de Texas por considerar que “no cumplieron los estándares internacionales en materia de derechos humanos.”
El Presidente Peña Nieto y la Secretaria de Relaciones Exteriores dieron a conocer su rechazo a la ejecución que se llevó a cabo del mexicano en Texas porque aseguran viola la desiciones de la Corte Internacional de Justicia.
Por su parte la Cancillería mexicana ha confirmado que la ejecución del mexicano se dio después de que se agotaron todas las instancias posibles, así como recursos legales para evitar que se llevará a cabo esta desición letal la cual no pudó ser cambiada por la Suprema Corte de los Estados Unidos.
Con esta muerte se suman cinco los mexicanos ejecutados en los Estados Unidos a pesar de un fallo emitido por la corte de Justicia Internacional a favor del sentenciado.
El gobierno mexicano se opone la pena de muerte porque la considera “una violacion esencial a los derechos humanos”, y una cruel e inhumana violación a la dignidad de las personas.
Tambien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha expresado su postura reprobatoria a la ejecución del mexicano y apelan a que se revisen acciones efectivas que “impidan que cualquier estado ya sea nacional o internacionalmente lleve a cabo la pena de muerte como castigo para los delincuentes y/o acusados de algún delito.”
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