El pasado viernes se cerró el periodo ordinario de sesiones sin haber aprobado la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 en la que proponen convocar cuanto antes a un periodo extraordinario para que se cumpla con el plazo que establece la reforma constitucional, a pesar de que tanto el PRD como el PAN están apoyando esta Ley cuya finalidad esta dirigida a que los funcionarios públicos deban presentar su declaración patrimonial, de impuestos, y de intereses previo a que entren en funciones.
El asunto es delicado porque según los datos recabados por transparencia ciudadana quienes son los impulsores de esta iniciativa de los 227 diputados federales y senadores, el 75.3% de ellos no ha presentado sus declaraciones.
Los presidente de las tres comisiones dictaminadoras de las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. El perredista Alejandro Encinas, el panista Fernando Yunes y el Pablo Escudero representante del Partido Verde, son parte de los legisladores que no han llevado a cabo está práctica, así como los perredistas Luis Humberto Fernández Fuentes, Armando Ríos Piter y el panista Juan Carlos Romero Hicks también se suman a la lista de los que no han realizado sus declaraciones públicas.
Con lo cual se ve con claridad la falta de interés por parte de los funcionarios públicos de llevar a cabo esta diligencia.
Una de las criticas más ácidas que algunos legisladores realizaron durante el periodo ordinario de sesiones fue que el PRI-Verde propuso que únicamente se exponga el tipo de propiedades que se tienen a su nombre sin definir los montos o las marcas de los vehículos, lo que causo reacciones principalmente entre los perredistas como el Senador Zoe Robledo quien asegura que es una forma muy poco clara de realizar sus declaraciones ya que no contendría la información necesaria.
Cabe destacar que de los demás partidos políticos como lo son Morena y Nueva Alianza así como miembros de Encuentro Social y del PT también cuentan con un rango muy pequeño de miembros que han llevado a cabo sus declaraciones. Por lo que hay inconformidad por parte de la ciudadanía respecto al proceder de los políticos que no han querido que esta ley avance.
