El pasado mes de marzo el relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra Suiza, un informe elaborado después de una visita a México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, en la que concluyó que “la tortura y el maltrato, usado como castigo y como medio de investigación es generalizada en nuestro país.”
A lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), considera que los comentarios vertidos por el relator especial de la ONU sobre tortura en México: “fueron irresponsables y poco éticos.”
El mismo canciller mexicano José Antonio Meade respaldó las declaraciones que dio el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo quien aseguró que “no fue profesional y ético, apuntar que en México la tortura es una práctica común.” Por lo que el Secretario pidió al relator especial de la ONU documentar sus aseveraciones.
Ante dichas declaraciones, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), consideran “inaceptable que la SRE rechace que la tortura sea generalizada en México sin verificar sus afirmaciones y sin dar explicación alguna sobre el aumento de quejas registradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales, así como las averiguaciones previas realizadas por la PGR que muestran casos documentados de patrones que se repiten todos los días.”
Las ONGs expresan su preocupación frente a la postura de la SRE, de “no querer trabajar más con el relator de tortura.” Ya que evidencia la “intolerancia y el desconocimiento que existe por parte de las autoridades ante las graves violaciones que se cometen en nuestro país.” Asimismo, señalan que existe un retroceso por parte del Gobierno Federal en materia de política exterior, que con anterioridad se había mostrado abierta el escrutinio internacional y en estrecha colaboración con los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Por lo que hacen un llamado al Presidente Enrique Peña para que contribuya nuevamente a realizar las acciones necesarias para hacer frente a lo que a todas luces es una crisis en los derechos humanos en el país.
